Las reformas al artículo 133 del Código Penal languidecen hace un año en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Parlamento, donde fue presentada por la diputada Lorena Peña (FMLN).
Tales modificaciones permitirían interrumpir el embarazo si este amenaza la salud y la vida de las personas, si el feto padece alguna malformación que le impida sobrevivir, o si es consecuencia de estupro o violación.
Esta iniciativa aspira a cambiar las condiciones básicas que aseguran la vida de las mujeres, su dignidad y el derecho a la libertad básica de poder decir: yo sí quiero vivir, declaró la activista Morena Herrera.
‘Cuando una ley impide que una persona pueda decidir salvar su vida, le está negando el derecho fundamental’, aseguró Herrera al canal GenTeVé a propósito de un asunto que polariza aún más a la sociedad salvadoreña.
El Salvador permanece entre los países que dejan en un desamparo legal a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo porque pone en grave riesgo su salud, o porque fue fruto de una imposición.
A su vez, defensores de los derechos de la mujer abogan por saldar lo antes posible la deuda adquirida por el Estado salvadoreño al penalizar el aborto en todas sus formas, y que ha costado múltiples muertes evitables.
Fuente: http://prensa-latina.cu
