Niñas embarazadas: una realidad alarmante en Latinoamérica

Las niñas y adolescentes latinoamericanas son víctimas habituales de agresiones sexuales, según cifras expuestas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En México, de cada diez violaciones, cuatro son menores de 15 años. En Ecuador, de diez denuncias sobre violencia sexual, ocho son de niñas menores de 14 años. La situación en Colombia no difiere: cada hora una niña entre los 10 y los 14 años es víctima de violencia sexual.  Asimismo, en Guatemala, cada día se registran cinco embarazos de niñas menores de 14 años; y en Argentina, cada tres horas, una niña de 14 años o menos se convierte en madre.

Este contexto de vulneración de derechos a las niñas abarca por supuesto también a Honduras, donde sólo en el año 2017, 21.150 niñas menores de edad dieron a luz en los diferentes hospitales públicos del país, según la Secretaría de Salud, lo que representa un promedio de 58 partos de menores de edad cada día.

Otra cifra que revela este duro contexto la encontramos en el informe de 2017 del Guttmacher Institute que revela que Latinoamérica tuvo la tasa de embarazos no planeados más alta del mundo, siendo de 96 por 1.000 mujeres en edades de 15 a 44 años, durante el período entre 2010 a 2014.

Una clave para entender el contexto que viven las niñas en Latinoamérica, es que las menores de 14 años son obligadas a ser madres, ya que no tienen la posibilidad de acceder a la interrupción del embarazo. Sobre todo en Nicaragua, El Salvador, Haití, República Dominicana, Surinam y Honduras, donde el aborto está prohibido cualquiera sea la situación previa o el riesgo que pueda tener el embarazo.

En este contexto global, encontramos casos puntuales como el de Fátima, de 13 años, que tuvo un parto que le causó miedo y angustia. En el hospital, en vez de recibir atención y contención, fue maltratada. El prejuicio de uno de los médicos la intimidó más. Su embarazo había sido resultado de que el director de la Secretaría de Bienestar Social la violara. Esto sucedió en Guatemala hace casi 10 años. Fátima tuvo miedo de contar lo que le había sucedido porque el violador era una persona reconocida y un funcionario público. Tiempo después, logró contar su historia ante el Comité de Derechos Humanos.

No permitamos que estos casos sigan ocurriendo, hagamos que en El Salvador, el Estado asegure la Educación Integral Ssexual para prevenir y detectar casos de violencia sexual. Además, es urgente que en nuestro país una niña que haya sido víctima de una agresión sexual pueda interrumpir un embarazo. 

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