Centroamérica: Región con menos avances en igualdad de género y derechos reproductivos

Nicaragua es el país de América Latina que presenta la tasa más alta de matrimonio infantil con un 41%.

Redacción, 7 nov(elmundo.cr)- La organización Sombrilla Centroamericana propone que en la actual reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe se haga un llamado para dar cumplimiento al Consenso de Montevideo, y Centroamérica pueda con el firme compromiso de sus gobiernos hacer frente a las problemáticas que afectan la región.

Cuatro años después de aprobado dicho Consenso, Centroamérica sigue siendo la subregión de América Latina y el Caribe, donde hay menos avances en el cumplimiento de las Medidas Prioritarias contempladas, en especial en lo referente a  derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, salud sexual, salud reproductiva e igualdad de género.

Esta población continúa sin recibir una educación integral en sexualidad, de una manera científica y basada en derechos humanos. A pesar de que la legislación de países como El Salvador y Guatemala, lo reconocen como un derecho y se incluye en el currículum educativo y el Ministerio de Educación contando con los textos para desarrollarla, no la pone en práctica ni se imparte en las escuelas.

Como consecuencia, el embarazo de niñas y adolescentes representa el 30% de los partos que se dan en la región, incluso en niñas entre 10 y 14 años de edad. Costa Rica reporta 500 casos, 900 en Honduras, 1 440 en El Salvador, 1 600 en Nicaragua y más de 5 mil en Guatemala; la mayoría producto de abuso o violación en su entorno familiar. En Panamá, según el Ministerio de Salud, de enero a mayo del 2017 se reportaron 4 130 casos de embarazos en adolescentes 10 a 19 años.

El embarazo adolescente se convierte en la primera causa de deserción escolar de las niñas y adolescentes en Centroamérica, frustrando su proyecto de vida y la posibilidad de salir del círculo de la pobreza, la dependencia y la violencia.

El matrimonio de o con menores de edad, ha dejado de ser legal en Panamá desde 2015, en 2016 en Costa Rica y recién en el 2017, en El Salvador, Guatemala y Honduras, aunque las uniones de hecho, sobre todo en zonas rurales y empobrecidas, siguen siendo una práctica frecuente. Nicaragua es el país de América Latina que presenta la tasa más alta de matrimonio infantil con un 41%; Honduras 34 %, Guatemala 30 %, El Salvador 25 %.

SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA

Si bien en algunos países se ha logrado en los últimos años una sensible disminución de la mortalidad materna, la legislación que impide la interrupción del embarazo en casos de riesgo de vida y salud de la mujer gestante, dificulta que se reduzcan los casos de mortalidad materna indirecta, vinculados a cardiopatías graves, cáncer y otras enfermedades durante procesos de embarazo.

La prohibición absoluta del aborto en Nicaragua, El Salvador y Honduras y sólo ante riesgo de vida de la mujer gestante en Guatemala y Panamá y de facto en Costa Rica, es una violación del derecho a la vida y la salud de gran número de niñas, adolescentes y mujeres centroamericanas, siendo la región del mundo con mayores restricciones para la realización de un aborto legal y seguro. Situación que además de graves impactos en la salud y vida de las mujeres, lleva en El Salvador a la persecución y encarcelamiento de estas, incluso por abortos espontáneos.

IGUALDAD DE GÉNERO

En general, se han dado avances significativos, en Centroamérica, en cuanto a legislación y políticas para garantizar y fomentar la equidad de género, su aplicación todavía es parcial y muy deficiente.

La violencia de género y los feminicidios como su máxima expresión, siguen teniendo altos índices y a pesar de que la legislación de algunos países la tipifica, el sistema judicial tiene una fuerte resistencia para implementar procesos de investigación ágil, científica, libre de prejuicios y de estereotipos, capaces de garantizar justicia para las víctimas, en lugar de impunidad.

El escenario en el que se desenvuelven las personas de la comunidad LGBTI está marcado por la violencia justificada bajo preceptos morales, por la escasa aplicación de las legislaciones o reglamentos y por la naturalización de reglas y comportamientos que impiden a hombres y mujeres gays, lesbianas, bisexuales o transgénero poder acceder a los mismos derechos con que cuentan las personas heterosexuales.

Fuente: elmundo.cr

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