Una corte federal ordena al gobierno de Trump permitir el aborto de una menor indocumentada retenida en Texas

La decisión más reciente sobre el caso de Jane Doe establece que deben fijarse cuanto antes nuevas fechas para que la adolescente pueda practicarse el procedimiento. La orden podría ser apelada ante la Corte Suprema. El caso ha puesto en evidencia la intención del gobierno federal de obstaculizar, e incluso impedir, que las menores no acompañadas puedan abortar.

Una corte federal determinó este martes que Jane Doe, como se le conoce en los documentos de la corte a la menor indocumentada de 17 años que llegó sin acompañantes a Estados Unidos proveniente de Centroamérica y se encuentra en un albergue de Texas, tiene el camino libre —por el momento— para someterse a un aborto.

El fallo 6-3 revierte la decisión del pasado viernes que le obligaba a encontrar un tutor en los próximos 11 días para someterse al procedimiento. La joven llegó al país el pasado mes de septiembre y tiene poco más de 16 semanas de embarazo. El albergue de Brownsville, donde se encuentra retenida, es controlado por la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), que a su vez forma parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

La decisión de este martes establece que deben ser fijadas nuevas fechas para que la adolescente pueda practicarse el procedimiento. Sin embargo, aún podría ser apelada, incluso ante la Corte Suprema.

Jane Doe nunca ha tenido dudas sobre su decisión de abortar, según la organización Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), quien está al frente de su defensa. La ley de Texas exige a los menores tener consentimiento de sus padres para realizarse el procedimiento o, en su defecto, el permiso de un juez. Por eso Doe fue a la corte y los jueces la pusieron a cargo de un guardián y un abogado que pudieran velar por sus intereses.

Los fundamentos de la decisión

Por su complejidad, el caso fue visto por todos los jueces de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia. Algunos de ellos avalaron el aborto bajo el argumento de que, independientemente de su condición de indocumentada, someterse al proceso es su derecho constitucional, según lo establece la legislación federal.

La jueza de circuito Patricia Millett considera que Doe “hizo todo lo que la ley de Texas ordena” y que la Quinta Enmienda protege “completamente” la decisión de la adolescente de continuar o poner fin a su embarazo. Además catalogó como “constitucionalmente indefendibles” las condiciones impuestas por el gobierno –de conseguir un tutor– para que la joven pudiera practicarse el aborto.

“El solo acto de entrar a Estados Unidos sin documentos no implica que el cuerpo de un inmigrante no le pertenece. Tampoco la sanción de haber entrado ilegalmente puede forzar a una niña a tener un bebé”, dice la jueza en la declaración adjuntada en la decisión de la corte.

Los abogados de Jane Doe solicitaron al juez del Distrito de Columbia que permita que la joven sea evaluada hoy mismo por un médico en la clínica más cercana al albergue en el que se encuentra para que pueda practicarse el aborto este miércoles.

Mientras tanto el reloj sigue corriendo y el feto, que esta niña sabe que no quiere tener, sigue creciendo. Cada día que pasa representa un retraso que complica el procedimiento y limita sus posibilidades de poder abortar, pues en Texas solo es legal poner fin a un embarazo hasta las 20 semanas.

“El daño irreparable causado a J.D. al posponer el fin de su embarazo –la magnificación de los riesgos a su salud con cada semana que pasa y el incremento de obstáculos para acceder a un aborto en Texas– son respuestas que el gobierno no ha contestado con hechos”, se lee en la postura de Millett.

Los abogados del Departamento de Salud amparan su negativa de facilitar el aborto de la adolescente en el cumplimiento de una política de “rehusarse a facilitar” el procedimiento y aseguraban que para permitirlo debían transferir la custodia de la joven a un tutor que le garantizara el seguimiento médico.

La decisión de este martes deja claro que el acceso a abortos seguros es un derecho constitucional establecido por Roe vs. Wade (1973) al que pueden acceder todas las mujeres en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio.

Fuente: www.univision.com

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