Guatemala y El Salvador asestan el golpe definitivo a los matrimonios infantiles

  • Niñas entre 16 y 18 años violadas y embarazadas eran obligadas a casarse con su agresor

  • En Guatemala se contabilizaron 36.000 embarazos en menores de 17 años entre enero y junio de 2017

Como si se hubiesen puesto de acuerdo, Guatemala y El Salvador se sumaron la semana pasada a otros países de Centroamérica, como Honduras, Panamá y Costa Rica a la hora de prohibir los matrimonios infantiles que aún estaban vigentes en sus respectivas legislaciones. Todo ello para poner fin a una práctica que condenaba cada año a miles de niñas a contraer matrimonio con los violadores que las habían dejado embarazadas y que llegaban a triplicar su edad.

“No hay oportunidades para nosotras. No hay trabajo, ni estudio, ni apoyo psicológico cuando a uno le pasan estas cosas”, asegura una joven de Guatemala que se casó con 15 años. “Yo digo que antes de casarse hay que pensarlo bien. No todo es color de rosa. Una nunca sabe a lo que va. Yo casi no pregunté nada porque tenía miedo”, afirma una mujer de la etnia indígena Q’eqchí que contrajo matrimonio a los 17 años.

Estos testimonios, recogidos en el informe elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), titulado Me cambió la vida: uniones tempranas, embarazos y vulneración de derechos en las adolescentes, pueden ser los últimos en Guatemala de mujeres que se casaron siendo menores de edad. Sobre esta realidad de la que apenas se habla en el país centroamericano puso la lupa el director guatemalteco Jayro Bustamante en su película Ixcanul, que cuenta la historia de una joven maya de 17 años cuyos padres la obligan a casarse con el dueño de la finca cafetalera en la que trabajan.

El fin de estas prácticas será posible gracias a la decisión del Congreso de este país centroamericano de abolir de manera definitiva el matrimonio infantil tras dar el visto bueno a un decreto, que sustituye a uno anterior aprobado en noviembre de 2015, que si bien aumentaba de 14 a 18 años la edad mínima de las niñas para poder casarse, un juez podía autorizar el matrimonio de menores si habían cumplido los 16.

Ello provocó que niñas que habían sido violadas y embarazadas fueran obligadas a casarse con su agresor, tal como señala a El Mundo Mirna Montenegro, directora del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), quien cita un caso de una menor de 16 años que se casó con un hombre de 59 tras ser autorizado por un juez, dado que ella había quedado embarazada. “El juez argumenta que la niña está en cinta y que, por tanto, el bebé tiene derecho a tener un papá, de forma que no se piensa en el derecho de la menor, sino de quien está por nacer”, denuncia.

Según datos del Registro Nacional de las Personas (RENAP), desde noviembre de 2015 hasta el pasado 3 de agosto, se han inscrito 2.221 matrimonios de adolescentes de entre 16 y 17 años y de ellos, solo 527 correspondieron a adolescentes hombres. Mientras, se registraron 1.115 casos de matrimonios de niñas, de entre 13 y 15 años, por debajo de lo que permitía la normativa derogada, frente a los 13 protagonizados por niños de esa franja de edad.

Los padres ya no tendrán la última palabra

Situaciones como ésta son las que se trata de evitar no sólo en Guatemala, sino también en El Salvador, cuya Asamblea Legislativa aprobó el mismo día que su país vecino poner veto definitivo al matrimonio infantil, después de que los diputados eliminaran un artículo del Código de Familia, que permitía a las menores de entre 12 y 17 años casarse si estaban embarazadas o tenían hijos en común, siempre que contaran con el consentimiento de sus padres o tutores. Ello se traducía en condenar a un gran número de niñas a casarse con sus violadores quienes de esta manera evitaban su ingreso en prisión, pese a que cualquier relación sexual con una menor de 15 años es considerada violación.

Así, en este país, 22.361 menores de esa edad viven con un adulto ya sea como matrimonio o relación no matrimonial, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2016. Mientras, Unicef señala que dos de cada diez mujeres que tienen entre 20 y 24 años se casaron antes de cumplir la mayoría de edad, lo que representa, a juicio de esta organización, un grupo “extremadamente vulnerable”, dado que los matrimonios se traducen en que las jóvenes se convierten muy pronto en madres lo que las obliga a dejar los estudios.

Sólo en Guatemala, según datos del OSAR, se han contabilizado 36.000 embarazos en menores de 17 años entre enero y junio de este año. Asimismo, el pasado año se inscribieron en el padrón cerca de 80.000 nacimientos de madre adolescente y, de ellos, 2.500 correspondían a hijos de niñas de entre 10 y 14 años teniendo en cuenta que solo está permitido el aborto terapéutico que se aplica en caso de que la vida de la madre corra peligro. Además, una de las asignaturas pendientes en este país es elevar la edad mínima para mantener relaciones sexuales, ya que en la actualidad se sitúa en los 14 años.

Guatemala y El Salvador no son una excepción en el mundo, tal como constata Unicef, que cifra en 700 millones las niñas que han contraído en el mundo matrimonio antes de cumplir los 18 años, de las cuales 250 millones se casaron antes de cumplir los 15. Avisa que “si no hay progresos”, para 2030 casi 950 millones de mujeres se habrán casado siendo niñas.

En América Latina, el 24% de las mujeres que actualmente tiene entre 20 y 24 años contrajo nupcias antes de alcanzar la mayoría de edad, si bien en Centroamérica se ha empezado a hacer esfuerzos para evitar esta realidad tras la presión ejercida por las Naciones Unidas a través de ONU Mujeres y los fondos para la Infancia (Unicef) y la Población (Unfpa).

En Guatemala, el cambio más importante se produjo en 2009 cuando se modificó el Código Penal que indultaba a los violadores que se casaran con sus víctimas con independencia de la edad que ellas tuvieran. Se consideraba que con el matrimonio se salvaguardaba el “honor” de la familia de la niña, tal como recuerda la subsecretaria de la Mujer del Ministerio Público, Luisa Leiva, quien revela que solo en los seis primeros meses de este año se presentaron ante la Fiscalía un total de 3.681 denuncias por delitos sexuales contra menores.

Matrimonio infantil en centroamérica

El primer país centroamericano en aprobar una ley que prohíbe el matrimonio de menores de 18 años fue Panamá en abril de 2015, cuyo Parlamento modificó el Código de Familia que hasta entonces permitía casarse a las niñas de 14 años y a los varones de 16, siempre y cuando contaran con el aval de sus padres. Con ello se buscaba reducir las cifras de bodas infantiles, que afectaba al 26 por ciento de las niñas menores de edad. Sin embargo, ello no ha frenado la elevada cantidad de embarazos en niñas de entre 10 y 19 años, que se situó en 5.782 casos entre enero y julio, según el Ministerio de Salud.

El siguiente país en legislar fue Costa Rica, que en enero de este año elevó a 18 años la edad mínima permitida para casarse teniendo en cuenta que hasta entonces, las personas menores de 15 años podían contraer matrimonio con el permiso de sus padres, lo que se traducía en que una de cada cinco menores ya estaba casada cuando alcanzaba la mayoría de edad.

A continuación, Honduras se sumó a estas restricciones después de que el Congreso aprobara el pasado 12 de julio un Decreto que restringe los matrimonios a quienes alcancen la mayoría de edad que en este país se sitúa en los 21 años. Hasta entonces, el Código de Familia permitía que los chicos se pudieran casar con 18 años y las niñas a los 16 años con el consentimiento de sus familias o en caso de que estuviera embarazada. De acuerdo a un informe del Fondo de la Población de las Naciones Unidas publicado en 2012, en Honduras una de cada cuatro adolescentes de entre 14 y 19 años ha estado embarazada al menos una vez. Mientras, cuenta con la segunda tasa más alta en Centroamérica de matrimonios precoces, con un 34% en niñas menores de 18, según Unicef. Solo es superada por Nicaragua, con un 41% de mujeres que se han casado antes de alcanzar la mayoría de edad en un país donde sí que está permitido a partir de los 16 años siempre y cuando haya consentimiento de sus progenitores.

 

Fuente: elmundo.es

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