Las niñas que el Estado violó y casó

Retrato de la periodista y catedrática de Comunicaciones y Periodismo, Metzy Rosales Martell, en San Salvador, el 27 de febrero de 2017. FotoFACTUM/Salvador MELENDEZ

De acuerdo a la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2016, son 22 mil 632 menores de edad (entre 12 y 17 años) las que están en una relación matrimonial o unión libre. Pero esta cifra no es la más reciente ni indica que será la última. Podría seguir sumando hasta que las reformas al Código de Familia que ponen fin a los matrimonios con menores de edad sean sancionadas por el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, y publicadas en el Diario Oficial.

El Decreto 754, aprobado el pasado 17 de agosto con 76 votos, erradicará finalmente el permisivo inciso segundo del artículo 14 del Código de Familia. Este inciso “legalizaba” el delito de violencia sexual cuando las menores de edad estaban embarazadas o ya tenían un hijo de sus agresores; esto permitía a los violadores evadir la ley, con la autorización y complicidad de jueces, fiscales y procuradores. Este camino tortuoso lo han tenido que vivir las menores de edad violadas y embarazadas por sus agresores desde octubre de 1994. Ese inciso provocó también que el Estado violara sus derechos al casarlas con sus agresores, contradiciendo el artículo 159 del Código Penal, que tipifica como delito de violación “vía vaginal o anal con menores de 15 años (o incapaz de tener relaciones)”.

De acuerdo, al informe de la votación del Dictamen número 15 favorable, de la Comisión de la Familia, que contiene al Decreto 754, la reforma no contó con los votos de Rodrigo Ávila, Ricardo Velásquez Parker y Lucía del Carmen Ayala de León, diputados de Arena; Guillermo Francisco Mata Bennet, del FMLN; Abilio Rodríguez, Francisco Zablah y Mario Tenorio, de GANA; y José Antonio Almendáriz Rivas, del PCN. En el caso de Mata Bennet y Almendáriz Rivas, verifiqué que ambos estaban incapacitados y no asistieron a la plenaria. Por otra parte, fuentes de la Asamblea Legislativa me confirmaron que Ayala de León “andaba en un evento de Calleja o de Simán” y por ello se ausentó a la plenaria. De Abilio Rodríguez, el listado de asistencia consigna su ausencia. Cabe recalcar que el listado de asistencia tiene errores y que hice la tarea de verificar cada inasistencia antes de esta publicación. Y el Informe de la Votación del Dictamen 15 indica que él estaba y que no votó a favor de la reforma. A los diputados Velásquez Parker, Ávila, Zablah y Tenorio, sí los vi en esa plenaria.

En mi blog compartí la historia de Claudia, quien en realidad no se llama Claudia, y es ahora una mujer de más de 50 años, una lideresa que trabaja con mujeres para evitar que les suceda lo mismo que a ella. Esta es su historia: a los 13 años, fue violada, quedó embarazada y sus padres la casaron “con el viejo malvado”. A los 14 años, volvió a salir embarazada del mismo hombre: el agresor convertido en su marido. Tuvo un aborto espontáneo porque su matriz estaba todavía desarrollándose y estaba muy débil. “No se lo dije a nadie porque pensaba que mis papás me iban a condenar, que mi esposo me iba a matar y por las leyes que me iban a meter presa”.

El conflicto armado inició y la guerra se llevó a ese hombre que la violó y la embarazó de tres hijos antes de que ella fuera mayor de edad. Cuando enviudó, tenía menos de 18 años y tres hijos. Ser madre primeriza a los 14 años la marcó. Casarse no resolvió los problemas de supervivencia. “La niña lloraba porque quería comida y yo lloraba con ella porque también tenía hambre. La niña lloraba porque se enfermaba y yo también lloraba porque no hallaba qué hacer. Eso es lo más horrible que le puede pasar a una niña: estar embarazada después de una violación”.

Para Claudia, “lo más horrible que le puede pasar a una niña es estar embarazada después de una violación” y que la casen con su violador. La historia de ella nos revela cómo el embarazo y matrimonio forzado afecta a las menores de edad, un tema al que nadie le da seguimiento porque pareciera que una vez casada la víctima con su agresor “todo se resuelve”.

La reciente reforma a varios artículos del Código de Familia no protege a las menores de edad que ya fueron casadas u obligadas a vivir “en unión libre” con sus agresores. Al consultarle a un abogado me explicó que la única forma de disolver esa unión es divorciándose.  Lo que sí hace es sancionar a los funcionarios que legalicen esas uniones. “El matrimonio celebrado en contravención a las disposiciones establecidas en los artículos 16 y 17 de este Código hará incurrir al funcionario autorizante en las sanciones establecidas en las leyes de la materia”. Sin embargo, la multa es risible: “Cuando la contravención fuere atribuida al notario o al contrayente, la multa será hasta de un mil colones, que impondrá el juez al tener conocimiento de la infracción”, reza el artículo 20.

La Asamblea Legislativa se tardó tres años en derogar los artículos 18 y 19 y el inciso segundo del artículo 14. En 2014, el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer y el Comité de los Derechos del niño de Naciones Unidas llamaron la atención al Estado salvadoreño para que impidiera estos matrimonios. Fue hasta el 11 de abril de 2016 que la diputada Lorena Pena, entonces presidenta de la Asamblea Legislativa, presentó una pieza de correspondencia para solicitar la urgente reforma. La discusión estuvo marcada por la presencia de organismos internacionales que velan por los derechos de la niñez, adolescencia y juventud; y por la presentación de estudios como el Mapa de embarazos 2015 y “El costo social del embarazo y las uniones tempranas en niñas y adolescentes”; así como de publicaciones periodísticas que han revelado la crueldad con la que las autoridades han ventilado estos casos, como por ejemplo: “Jueces avalan matrimonio de niñas con sus violadores”.

En marzo del presete año, El Faro publicó que, en el sistema salvadoreño, en un caso de violación de menor de 15 años, un juez puede absolver, aunque se haya probado el delito y su autoría. Entre 2013 y 2016, la impunidad en estos crímenes fue del 90 %, con jueces que llegaron a justificar que la menor “aparentaba ser toda una señorita” o que confiaron en la buena intención del agresor y procuraron con su sentencia que víctima y victimario formaran un hogar, de acuerdo a la publicación “¿Por qué queda impune el 90 % de las violaciones a menores?”

Falta mucho para sensibilizarnos en este tema. Tanto que no olvidaré la pregunta de una periodista durante la conferencia de prensa del 17 de agosto, a quien me permito parafrasear: ¿Qué pasará en los casos en que la menor de edad quede embarazada producto de una violación y la familia no tenga recursos económicos? La colega desconoce que el Código de Familia y el Código Penal existen no solo para erradicar los delitos de violencia sexual sino también para garantizar la paternidad responsable. Menos mal que el tuit de Fernando Poma da visos de que este problema sí preocupa a las personas con poder económico y político en el país. “Excelente. Ahora a trabajar en leyes que realmente protegen a menores y leyes/aplicación de cero tolerancia a gente que abusa de ellos”, respondió a un tuit de UNFPA El Salvador.

El día de la aprobación de esta histórica reforma, el diputado Jonh Tennat Wright Sol presentó una propuesta para despenalizar la interrupción del embarazo en dos causales:

  • Cuando peligre la vida de la madre.
  • Cuando el embarazo sea producto de violación a menor o estupro.

En ambos casos, se establece el consentimiento informado de las embarazadas; y en el primer caso, además con previo dictamen médico.

Esta propuesta se suma a la presentada por Lorena Peña el 11 de octubre de 2016 para que la interrupción del embarazo sea permitida en cuatro causalesrelacionadas con la salud y vida de las mujeres y con violencia sexual.

El tema de la violencia sexual empieza a cobrar visibilidad, a preocupar y sensibilizar, tal como Alfredo Atanacio Cader lo escribiera hace dos días en un tuit: “Yo soy pro-vida (nacidos y no nacidos) pero para mí es fácil serlo porque no soy ni mujer, ni pobre, ni violada y mi vida no está en riesgo”.

Yo, que también soy pro-vida, espero que el Estado no siga violando, casando y obligando a ser madres a menores de edad que no buscaron esa maternidad.

Fuente: revistafactum.com

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