El país que odia a las menores de edad y protege a los violadores

En nuestro país, cada cuatro horas y 42 minutos una persona es violada. Y de acuerdo, al Mapa de embarazos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, una niña o adolescente queda embarazada cada 21 minutos. Esta semana, La Prensa Gráfica ha revelado como el sistema judicial y la familia no están protegiendo a las menores de edad violadas: todo lo contrario, favorecen a los violadores al aprobar los matrimonios o uniones familiares de los agresores con sus víctimas, perpetuando y “legalizando” la violencia sexual. Solo en 2016, la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) reveló que 22,632 menores de edad, entre 12 y 17 años, tienen una relación matrimonial o unión libre.

Por Metzi Rosales Martel

El 11 de julio, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) volvió a darnos una bofetada. En esa fecha en la que se conmemoró el Día Mundial de la Población, esta oficina de la ONU nos recordó cómo en nuestro país irrespetamos los derechos de las personas menores de edad que son violadas y después obligadas a formar un hogar con sus victimarios. Sí, con sus violadores. El documento titulado: “El costo social del embarazo y las uniones tempranas en niñas y adolescentes” recoge las historias de 14 menores de edad, violadas y embarazadas por sus violadores.

Hugo González, representante del Unfpa, advierte en esta publicación algunos delitos que se ocultan tras estos matrimonios o uniones a temprana edad: trata de menores o explotación sexual. “El embarazo en niñas y adolescentes conlleva un costo sobrellevado por ellas y por la sociedad a la cual pertenecen. Ese costo muchas veces es obnubilado por un escotoma cultural, silenciado por la costumbre y la indiferencia asociada a la violencia basada en género. Un costo que las familias de las embarazadas asumen, o contrariamente, lo transfieren al aprobar un matrimonio o una unión de una menor para salvar el honor o para trasladar la responsabilidad al progenitor masculino del embarazo, quien transita por una mutación de ser un “violador” a convertirse en esposo, sin considerar el interés superior de la niña; quien a veces es canjeada como mercancía o como activo inanimado desprovisto de derechos, autonomía, aspiraciones, pensamiento u opiniones”.

Días antes de que el Unfpa presentará este documento, en la Asamblea Legislativa se realizó el foro denominado “Buenas prácticas en América Latina y El Caribe para prevenir y eliminar el matrimonio infantil y las uniones tempranas”. Ese día, la representante del Unicef en El Salvador, Nadine Perrault, recordó que El Salvador se comprometió a eliminar el matrimonio infantil y las uniones libres entre personas menores y mayores de edad.

“El matrimonio infantil es una consecuencia de la desigualdad de género y la discriminación contra las mujeres, pero ante todo es una violación de derechos”, expresó. La representante de Unicef también consideró que “la relación entre violencia sexual y los altos índices de embarazos adolescentes da lugar en muchas ocasiones a matrimonios y uniones forzadas para asegurar la aceptabilidad social del embarazo”, de acuerdo a la publicación de Diario El Mundo.

La urgente reforma al Código de Familia no es nueva. Inició hace 15 meses o debió iniciar hace 15 meses, luego de que el 11 de abril de 2016, diputadas del FMLN, presentaran una pieza de correspondencia, cuya iniciativa solicita derogar los artículos del Código de Familia que avalan el matrimonio entre y con menores de edad. Para ellas existe una clara contradicción entre estos artículos y los establecidos en el Código Penal, en el Título IV, Delitos contra libertad sexual, donde claramente se establece que es delito tener relaciones sexuales con menores de edad y además se consignan otros delitos relacionados con la prostitución.

Desde que empecé a publicar artículos de opinión sobre violencia sexual, he conocido muchas historias de niñas violadas, ahora ya convertidas en mujeres. Me he dado a la tarea de compartir sus relatos para ponerle un rostro a esas cifras que cada día aumentan. Esta vez les compartiré la de Claudia, una que leí en el Great Talks 2017, organizado por la embajada británica en junio de 2017.

 “Lo más horrible que le puede pasar a una niña, estar embarazada después de una violación”

A los 13 años Claudia fue violada. Quedó embarazada y sus padres la casaron “con el viejo malvado”. A los 14 años, volvió a salir embarazada del mismo hombre: el agresor convertido en su marido. Tuvo un aborto espontáneo porque su matriz estaba todavía desarrollándose y estaba muy débil. Ella calló, no le contó a nadie. Estuvo todo el día en el río. Sentía que se moría, pero aun así guardó silencio por miedo. Tenía miedo de su familia y de su marido.  “No se lo dije a nadie porque pensaba que mis papás me iban a condenar, que mi esposo me iba a matar y por las leyes que me iban a meter presa”.

El conflicto armado inició y la guerra se llevó a ese hombre que la violó y la embarazó de tres hijos antes de que ella fuera mayor de edad. Cuando enviudó, tenía menos de 18 años y tres hijos.

Ser madre primeriza a los 14 años la marcó. Casarse no resolvió los problemas de supervivencia. “La niña lloraba porque quería comida y yo lloraba con ella porque también tenía hambre. La niña lloraba porque se enfermaba y yo también lloraba porque no hallaba qué hacer, eso es lo más horrible que le puede pasar a una niña, estar embarazada después de una violación”.

La historia de Claudia nos revela cómo el embarazo y matrimonio forzado afecta a las menores de edad. Un tema que nadie estudia y al que nadie le da seguimiento. Pareciera que una vez casada la víctima con su agresor “todo se resuelve”.

En marzo, El Faro publicó que, en el sistema salvadoreño, en un caso de violación de menor de 15 años, un juez puede absolver, aunque se haya probado el delito y su autoría. Entre 2013 y 2016, la impunidad en estos crímenes fue del 90 %, con jueces que llegaron a justificar que la menor “aparentaba ser toda una señorita” o que confiaron en la buena intención del agresor y procuraron con su sentencia que víctima y victimario formaran un hogar, de acuerdo a la publicación “¿Por qué queda impune el 90 % de las violaciones a menores?”

El embarazo en niñas y adolescentes es considerado como una de las formas de violencia que más impacta en las aspiraciones personales y la salud. Así, lo ocurrido a Claudia ilustra la realidad que viven las menores de edad cuando son violadas y además forzadas a casarse con sus agresores.

La publicación del Unfpa también nos retrata algunos de estos casos. A continuación reproduzco una parte de la historia de Rosario, de 18 años. Esta nos permite ilustrar no solo el desconocimiento e ignorancia sobre los delitos contra la libertad sexual sino también sobre uniones libres a temprana edad con una persona mayor:

“Hay unas mujeres que no tienen como meta tener hijos temprano, sino superarse estudiando o trabajando.”

– Me acompañé a los 12 años y tuve a mi primera hija a los 13. Mi compañero es 14 años mayor que yo. Ahora él tiene 32 años, y yo 18. Yo decidí todo eso. Me enamoré de él y me acompañé. No lo pensé mucho. Yo me dije: Bueno, me voy a acompañar primero Dios todo me vaya bien.

La historia de Rosario empezó a los 12 años, cuando otras niñas juegan o estudian, cuando no tienen autonomía ni poder de decisión. A esa edad, ella tuvo pocas opciones y sin saberlo estaba normalizando un delito. Un adulto no puede estar con una niña. La ley señala la posibilidad de unión desde los 14 años, y con autorización de los padres.

 Le dije a mi mamá que estaba enamorada, ella siempre me daba consejos, me decía que eligiera bien al hombre para papá de mis hijos, que me cuidara, que pensara bien las cosas. Le dije que no importaba si ella quería o no quería, de todos modos yo ya estaba acompañada. “De todos modos ya decidiste”, dijo mi mamá, resignada.

Su actual pareja era vigilante, trabajaba cerca de su casa. Ella lo eligió porque antes estuvo observándolo, encontró virtudes en él: era educado, no estaba acompañado, no tenía hijos, no le faltara el respeto, la trataba bien, con amabilidad.

Al principio, se mudaron a la casa de la madre de su compañero. La mamá le preguntó por qué se casó tan chiquita, ella le dijo estaba enamorada. No hay remediocuando una está enamorada. Después de un año, y cuando ella ya estaba embaraza, se fueron a vivir solos.

Nadie decía nada, las relaciones entre menores y adultos están normalizadas en diferentes estratos en El Salvador. Su primera hija nació cuando Rosario tenía 13 años y su compañero 27. Era algo que Rosario quería. No tuvo complicación en el embarazo, tuvo un parto natural y le dio de lactar por dos años.

*****

En esta publicación, González, representante del Unfpa, pide romper con este silencio y acabar con la impunidad en estos casos. Esa impunidad que no solo deja en libertad a los violadores, sino que les da un aval legal para seguir violando a las menores de edad.

“El silencio debe acallarse y la impunidad debe romperse. El país necesita de todas las niñas y adolescentes como sujetas de derechos, con bienestar bio-psico-social, contribuyendo al desarrollo nacional como personas con un desarrollo pleno. Lo opuesto sumerge a la sociedad salvadoreña en una deuda que se acumula a través del tiempo y que mañana será impagable. Todas y todos estamos en el mismo barco, sería una fantasmagoría si se hunde únicamente del extremo colmado por las historias de estas niñas y adolescentes. El embarazo en niñas y adolescentes nos involucra a todas y todos”.

El Código Penal, en su artículo 30, numeral 5), también advierte sobre la responsabilidad penal relacionada con el abuso de superioridad “Abusar de superioridad en el ataque, aprovecharse de la debilidad de la víctima por su edad u otra causa similar, emplear medios que debiliten la defensa del ofendido o el accionar de agrupaciones ilícitas tales como las pandillas denominadas maras”. Ya El Faro ha publicado historias de menores de edad que son violadas por colectivos de pandillas, casos que siguen impunes. El mismo artículo 30, en su numeral 11) habla de abuso de situaciones especiales como: “Cometer el delito con abuso de relaciones domésticas, de cohabitación o de hospitalidad”; y en el 12), sobre la sevicia: “Aumentar deliberadamente los sufrimientos de la víctima”. Permitir y promover que las menores de edad se casen o se unan con sus victimarios es una forma de aumentar deliberadamente su sufrimiento. A esto se suma que la vida y salud de las menores de edad, cuando resultan embarazadas, entra en peligro, ya que pueden morir como resultado de un riesgo obstétrico asociado al embarazo y parto. De hecho, el Ministerio de Salud registró en 2015, 20 muertes maternas de adolescentes, de las cuales cinco fueron suicidios.

En 2016, el Instituto de Medicina Legal registró 1,844 niñas y adolescentes violentadas sexualmente (alrededor de cinco casos diarios). En el 80 % de estos casos, las violaciones fueron perpetuadas por un familiar o conocido. La violencia institucional no debería coexistir con estas violaciones, como revelan investigaciones, en las cuales se detalla que “en los años 2013, 2014 y 2015, las denuncias de violaciones de menores de 15 años que llegaron a juicio y terminaron en condena apenas rondaron el 10 %”, de acuerdo a la investigación “Un paraíso para los violadores de menores” de El Faro.

El Estado salvadoreño, desde hace décadas, está recorriendo un largo camino de violaciones a los derechos humanos de las niñas y adolescentes al convertirlas, “de manera legal”, en esclavas domésticas y sexuales de los depredadores sexuales. El Estado salvadoreño revictimiza a estas menores de edad y las obliga a ser madres no solo una vez de sus agresores sexuales. Nada lejos estamos de lo que sucede con las menores de edad en Arabia Saudita.

Las decisiones que se toman en este país no solo atentan contra las libertades sexuales de estas niñas, también contra su autonomía económica y profesional. Esto sin mencionar que los embarazos a temprana edad provocan el rechazo y discriminación de la sociedad hacia estas personas.

La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2014, establece que una mujer que no ha tenido ningún grado de educación tendrá un nivel promedio mensual de ingresos que rondará los $134.74, mientras que si ha estudiado más de 12 años podrá tener acceso a tres veces más recursos.

La misma encuesta reveló que tres de cada cinco mujeres de 20 a 24 años que no habían cursado ningún grado educativo tuvieron su primer parto antes de los 18 años; mientras que, aquellas en el mismo segmento de edad, pero que lograron estudiar al menos bachillerato, esta condición se encuentra solamente en una de cada 14. De acuerdo al estudio “Maternidad y Unión en niñas y adolescentes: consecuencias en la vulneración de sus derechos” del Minsal y el Unfpa, realizado en 2015, solo la cuarta parte de las niñas y adolescentes que abandonan la escuela a causa del embarazo retorna a sus estudios después del parto. Este estudio reporta que seis grados es el promedio de escolaridad de las niñas y adolescentes de 10 a 17 años que tuvieron un parto en 2012.

Aunque ayer, la Comisión de Familia retomó la discusiónsobre la prohibición del matrimonio infantil, que espero se apruebe a la brevedad, a mí me preocupa qué va a pasar con 22,362 menores de edad, entre 12 y 17 años tienen una relación matrimonial o no matrimonial, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de la Dirección General de Estudios y Censos (Digestyc) realizada en el 2016. La cantidad representa el 2.8 % de la población en ese rango de edad. Sigo pensando en qué harán las autoridades con estas relaciones matrimoniales o uniones libres, de las que sospecho muchas menores están con sus agresores. ¿Investigarán a funcionarios y funcionarias del Órgano judicial, del Ministerio Público y de las alcaldías, a abogados y abogadas que realizan estos matrimonios, y a las familias de estas menores de edad?

El problema es que esas bofetadas que nos dan estas cifras, los estudios del Unfpa, las publicaciones de La Prensa Gráfica, Séptimo Sentido y El Faro no están golpeando a quienes deberían: en la Asamblea Legislativa aún no reforman el Código de Familia ni el Código Civil para prohibir los matrimonios y uniones entre menores de edad y adultos. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales dejó de estudiar desde el 8 de marzo, la reforma al artículo 133 del Código Penal para que la interrupción del embarazo sea permitida en los cuatro casos: i) si el embarazo pone en riesgo la vida o salud de la mujer; ii) cuando el embarazo es médicamente inviable; iii) si el embarazo es producto de violación o trata de personas; y iv) ante un embarazo, producto de violación en menores de edad. Y personas como la jueza Segunda de Instrucción de Cojutepeque, Gloria Avilés, giran oficios para que notarios ingresen “a las bartolinas donde se encontraba el imputado, para que la adolescente y su victimario pudiesen contraer matrimonio”, de acuerdo al artículo “Jueces avalan matrimonio de niñas con sus violadores”. Todo esto sucede en un país donde las autoridades son misóginas y continúan con su visión adultocentrista: no ven a las personas menores de edad como sujetas de derecho sino como objetos.

Lo que está sucediendo en nuestro país con las personas menores de edad es una clara violación a sus derechos y, por ende, a la legislación nacional e internacional suscrita por El Salvador. Esto impedirá, además, cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número cinco “Igualdad de género”, que busca: “Garantizar el acceso universal a salud reproductiva y sexual y otorgar a la mujer derechos igualitarios en el acceso a recursos económicos, como tierras y propiedades”.

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